Público.
4. adj. Perteneciente o relativo a todo el pueblo.
5. m. Común del pueblo o ciudad.
Las Palabras
Una de las características del modo de actuar del capitalismo de hoy en día es el ataque a los servicios públicos. Una de las características de los grupos anticapitalistas es el rechazo de las privatizaciones. Pero ambas posturas exigen aclaraciones. Para comenzar deberíamos establecer una base conceptual sobre la que podamos entendernos. Los servicios públicos dentro de nuestra sociedad “democrática” son aquellos que responden a un interés general de la sociedad y que están garantizados para el conjunto de los ciudadanos mediante las leyes. Suelen tener gestión estatal, y en cierta medida, al menos algunos de ellos, suelen ser gratuitos, o al menos son financiados por parte de los ciudadanos mediante impuestos y no mediante el cobro directo del servicio en cuestión. Dentro de estos servicios públicos encontraríamos, por ejemplo, la sanidad, la educación, comunicaciones, fuerzas de seguridad del Estado, ejército, prisiones… Es imposible continuar sin poner objeciones desde el principio a la forma en la que la democracia parlamentaria entiende el concepto servicio público, ya que es de vital importancia si hemos de posicionarnos sobre si lo defendemos o no. Conceptos como “interés general de la sociedad” y “cuerpos de seguridad del Estado, ejército o prisiones” no pueden relacionarse sin una interpretación ideológica mediante. El interés general al que se alude en las leyes es, en este caso, el interés del Estado, ya que una gran parte de la sociedad no encuentra interés alguno en este tipo de instituciones. En la misma línea, observamos que las principales reivindicaciones en defensa de lo público están integradas por grupos que defienden la gestión estatal frente a la privada. Es decir, se confunde lo público con lo estatal. Así sucede en la defensa de los servicios públicos que están actualmente siendo privatizados, como la sanidad y la educación; y así sucedió en los episodios anteriores, en los que ya está todo el “pescao vendido” habiéndose consumado de hecho dicha privatización, como por ejemplo en la telefónica, empresas energéticas, transportes o comunicaciones. El concepto “público”, por tanto, se entiende desde una perspectiva parlamentaria y capitalista como sinónimo de “estatal”. Ahora bien, no es lo mismo. Por definición del diccionario, cuando decimos “lo público”, debemos ser conscientes que aludimos a “lo que es de todos”. Y en cierta medida, si algo es del Estado, no puede ser de todos.
En la actualidad, entendiendo lo público como lo que es de todos, no se podría decir que exista una sanidad o una educación pública, sino estatal. A pesar de que la mayor parte del pueblo quiere una sanidad y una educación “para todos”, por lo que en este caso los conceptos de “para todos” y “público” podrían confundirse, no deja de estar gestionada y por tanto limitada por los intereses estatales. De esta manera, son mucho más públicas las radios libres, los medios de contrainformación, los ateneos libertarios o los sindicatos anarcosindicalistas En consecuencia, que nos refiramos a una educación o una sanidad “pública” tiene más que ver con una declaración de intenciones que con cualquier otra cosa; tiene que ver con el deseo de una sociedad con una educación y una sanidad “para todos”. De hecho, que se confundan ambos conceptos, estatal y público, no nos beneficia para nada.
Los hechos
Desde que los medios de comunicación, junto con el gobierno de ZP, inauguraron la crisis1, hemos sido testigos de un endurecimiento de las movilizaciones a favor de los servicios públicos. Lo cierto es que las medidas impulsadas por el gobierno ZP y posteriormente por el de Rajoy, así como las imposiciones de algunas comunidades autónomas como Cataluña, han sacudido un buen porrazo a servicios como la sanidad o la educación. Especialmente estos dos han sido los sectores que mayor número de movilizaciones han protagonizado. Rápidamente, organizaciones y grupos contrarios a las privatizaciones respondieron promoviendo una huelga del sector, huelgas parciales en la enseñanza, movilizaciones en hospitales, manifestaciones, plataformas…Es curioso, sin embargo, que desde dentro de tales plataformas y sopas de siglas se encontraran posturas tan dispares. La mayor parte de ellas defendían la gestión estatal de los servicios, sin una pretensión de transformarlos en algo “verdaderamente público”. Sindicatos como CCOO y UGT, por ejemplo, se atrevían a hablar de educación pública y de calidad haciendo referencia a la escuela que conocimos hasta ahora, con su papel adoctrinante y desmotivador, inherente a los intereses que defiende el organismo que la sustenta. Y no menos curioso es ver a organizaciones y grupos que supuestamente están comprometidos con una visión verdaderamente pública, y por tanto antiestatal, junto a estos otros de intereses contrarios, compartiendo cabeceras de pancarta en manifestaciones. Todo ello bajo la excusa de la “unión de mínimos”, que neutraliza por completo los discursos más profundos y revolucionarios2.
De este tipo de movilizaciones emana un tufillo que no pega ni con cola con la pretensión de una sociedad con garantías públicas. Es el tufillo del estatismo, de la reivindicación del papel de esta institución como juez que rige los destinos de la sociedad. Desde los sindicatos de Estado (CCOO, UGT, CGT, USO…), hasta organizaciones y partidos de izquierdas, pasando incluso por algún que otro antiautoritario despistado, el mensaje que se lanza al exterior es que no es posible vivir sin la institución estatal y su gestión de nuestras propias vidas. A la vez que se glorifica el papel del Estado, se idealiza su torpe gestión en el sector público. Sin embargo nunca ha existido esa gestión ideal por la que se lucha hoy en día, es un falso poso el que queda en nuestra mente. Se idealiza la escuela estatal, cargada de contenido ideológico para domesticar a niños y jóvenes. Se idealiza la sanidad estatal, en la que los enfermos son tratados como rebaños priorizando tratamientos a base de fármacos que una verdadera conciencia para la salud. Se idealizan, a fin de cuentas, sistemas que, debiendo ser de todos, estaban conducidos hacia la defensa de unos intereses muy particulares: hacia la obediencia y la sumisión los unos; hacia la dependencia y la economía los otros. Parece que existe el mito de que la escuela o la sanidad son neutras, cuando en realidad están íntimamente ligadas a la ideología dominante, autoritaria y , por mucho que le pese a algunos, capitalista.
A pesar de todo, no todas las movilizaciones rezumaban estatolatría por los poros.
Las hay que, acertando a ver la causa del problema, atacaban la privatización defendiendo un interés colectivo de la sociedad. Éstos, lejos de las uniones de siglas, cúpulas y cabeceras de manifestaciones, defendían lo público desde lo que es de todos: las asambleas. Sólo así se evita caer en posturas contradictorias. La oposición a la privatización se argumenta en base a que limita el acceso a los servicios aún más que la gestión estatal, pero no se reivindica tal gestión, sino un avance hacia unos servicios que satisfagan las necesidades de la vida en sociedad. A nivel laboral se traduce en el largo plazo con la autogestión de los servicios, y en el corto con la organización de trabajadores y usuarios que permita no sólo defenderse de los ataques de Estado y Capital, sino ir conquistando cada vez más parcelas de libertad desde las que las asambleas empiecen a intervenir en la propia gestión, siempre al margen de otros intereses que no sean los de los propios trabajadores y usuarios.
El problema
La diferentes visiones respecto a cómo defender lo público no es sino una manifestación de posturas en torno a la función social del Estado. Por una parte encontramos a aquellos que defienden que mientras exista éste, debe intervenir en la vida de las personas supuestamente para frenar los ataques del capitalismo, a los que se les suponen intenciones más perversas. Desde esta postura se tiende a creer que la gestión del Estado es preferible a la del Capitalismo, como si ese tratase de dos cosas diferentes y no de dos caras de la misma moneda. Los valores ideológicos de ambos son similares, y de hecho, se podría decir que uno no es más que una de las manifestaciones del otro, ya que sin el Estado el capitalismo no tendría posibilidad de existir. Los defensores de esta postura suelen argumentar que los servicios públicos corresponden con conquistas sociales y laborales realizadas en periodos históricos, lo cual es cuanto menos cuestionable. Si bien es cierto que las luchas sociales, principalmente las luchas obreras, integraron en sus reivindicaciones la demanda de determinados servicios, también es cierto que los Estados, unas veces a modo de canalizar esas demandas, otras veces directamente porque se adelantaban a ellas, facilitaban sucedáneos con los que apaciguar la tensión social. Esto puede verse claramente en episodios históricos como la génesis del Estado
del Bienestar, que no constituye una reacción a las demandas obreras, sino una concesión en aras de aumentar la productividad económica3. Pues bien, es ese mismo Estado del bienestar, el que instauró el capitalismo apoyado en teorías como el Keynesianismo, el que ahora muchos supuestos izquierdistas, marxistas e incluso algunos anarquistas pretenden defender. Olé4. La otra postura, sin embargo, defiende lo público desde un punto de vista crítico. La gestión estatal de algunos servicios implica de momento que sean gratuitos o que estén garantizados para todo el mundo. En este sentido, la privatización es un golpe a los trabajadores y usuarios de dichos servicios, ya que elimina dichas condiciones favorables para la población. Sin embargo, esto no debe interpretarse como que la gestión del Estado es distinta y preferible a la privada ya que ambas defienden los mismos intereses. Del mismo modo la oposición al proceso privatizador no es siempre una defensa de la gestión estatal. De hecho, la privatización se debería entender como una vuelta de tuerca más en la gestión del Estado sobre nuestras vidas, y la oposición a tal privatización debe ir acompañada de una crítica a la nefasta gestión que éste ha dado a los servicios públicos. Por consiguiente deberíamos señalar que ambos, Estado y Capitalismo son igualmente responsables de la situación. Esta visión crítica no pretende que la gestión de la enseñanza, por poner un ejemplo, sea Estatal, sino autogestionada. Si bien es cierto que para conseguir la autogestión de la enseñanza primero deberemos lidiar con las condiciones actuales de las escuelas, institutos y universidades. Para ello es necesario promover en lo laboral la creación de asambleas de trabajadores y estudiantes, que aborden no sólo las condiciones de trabajo sino la enseñanza en su conjunto. A partir de ahí avanzar en torno a las decisiones que tales asambleas tomen, señalando las carencias y los abusos que derivan de la gestión estatal, y tomando postura de tal manera que cada vez sea mayor la influencia de tales asambleas, hasta la autogestión completa de las escuelas. Precisamente este tipo de propuestas se analizan con más precisión en el siguiente apartado. Es evidente que la privatización choca de lleno con ese proceso. Desde los recortes de personal, hasta el acceso al puesto de trabajo, pasando por las limitaciones de acceso a los alumnos y cuestiones de índole económica, la privatización se dirige a crear escuelas aún más elitistas y competitivas, tanto en lo educativo como en lo laboral. Evidentemente esto sólo es una vuelta de tuerca más sobre lo que la gestión estatal había ido creando. La escuela, hasta ahora, no era para todos. A partir de ahora lo será aún menos. El problema de confundir lo público con lo estatal es que se acaba defendiendo la ideología del sistema. La gestión estatal no fue ni nunca será neutral. Hoy en día, todos los Estados defienden los intereses del capitalismo. Pero esa defensa, lejos de situarse más o menos en la superficie, en la política de tal o cual partido o en la adopción de tal o cual medida aprobada en Europa, se encuentra en la misma raíz del Estado. Está en la división de los seres humanos entre gobernantes y gobernados, en la supresión del derecho que cada uno de nosotros tenemos a decidir y participar de nuestros propios asuntos, en la instauración de cuerpos violentos y armados que permitan a la minoría gobernante defenderse, en la reinvención de la esclavitud condenando a las personas a trabajar para alimentar parásitos. Es por ello que no debemos defender la gestión del Estado, bien sea en forma pública o privada, ya que ambas son parte de la misma cosa: la gestión del sistema contra las personas.
Propuestas
Como efecto inmediato debemos combatir los recortes y las privatizaciones pero sin caer en los discursos estatolátricos. Defendamos lo público como lo que es de todos, condenando sin piedad a aquellos que nos lo arrebatan, especialmente al Estado. No permitamos que de nuestras luchas saque beneficio el enemigo. Lógicamente, desde un punto de vista ácrata los servicios públicos sólo pueden ser gestionados por los trabajadores y usuarios. Pedir otra cosa que no sea eso suele pasar por transigir en cierta manera con el Estado o el Capitalismo. Sin embargo, proponer la revolución social contra todos los males del mundo
peca a veces de simplista, más que nada porque el camino revolucionario debe marcarse en el día a día de la lucha con acciones concretas y objetivos cercanos. Ahora bien, como anarquistas no podemos ni deseamos soluciones reformistas, porque entendemos que sería prolongar en el tiempo nuestra propia agonía para acabar exactamente igual. Es por ello que las acciones concretas y los objetivos cercanos que proponemos son de índole organizativa. Creemos firmemente que para empezar a cambiar las cosas no nos bastan estallidos de rabia, manifestaciones o huelgas de un día, sino luchas permanentes, estables y constantes; formadas por personas conscientes de la clase social que integran, de los enemigos que tienen y de las metas que habría que conseguir. La fórmula que defendemos no es nueva: organización en asambleas libertarias. Como trabajadores de los servicios públicos debemos, en primer lugar, tomar consciencia de que ni el Estado ni las empresas privadas son garantía de una educación, sanidad u otros servicios públicos con un mínimo de calidad. Es más, su gestión es la que nos lleva a la ruina, a los recortes y despidos, a los
EREs y a las privatizaciones. Debemos organizarnos desde la base, en asambleas de trabajadores interconectadas entre sí, para comenzar a exigir cambios desde un interés social y de clase: condiciones de
trabajo dignas, paralización de los despidos, contratación de personal para cubrir el servicio con garantías, etc. Estas reivindicaciones deben ir en la línea de nuestro interés de clase trabajadora, única y exclusivamente y deben ser superadas y ampliadas en el mismo instante que se vayan logrando mejoras. Sólo así servirán para ir conquistando parcelas de libertad desde las que hacernos fuertes en nuestra lu
cha contra el Estado y el capitalismo. Así, poco a poco, obtendremos la fuerza para ir transformando las condiciones del servicio, hasta llegar finalmente a ser las asambleas las que lo autogestionen en su totalidad.
Este tipo de organización conlleva una crítica integral a nuestros centros de trabajo y la función que desempeñan. Esto quiere decir que como trabajadores debemos evidenciar el rol adoctrinante y domesticador que tienen algunos servicios públicos como la enseñanza o la sanidad, a la vez que debemos actuar para que deje de ser así. A su vez, debemos condenar la existencia de algunos servicios creados
única y exclusivamente para defender el orden social autoritario del Estado, como las diversas policías, el ejército, la judicatura o las prisiones. Debemos a su vez separarnos de las personas que ejercen estos “trabajos” ya que no son compatibles con la existencia de una sociedad solidaria, libre y sin clases.
El contenido concreto de las reivindicaciones debe ir en la línea de potenciar la lucha por un cambio social. Esto es equivalente a decir que además de la labor defensiva que hay que hacer para entorpecer la privatización, debemos plantear propuestas en las que nuestro interés de clase se imponga frente a los beneficios y la paz del Estado. El único valor de las demandas parciales es que abran la brecha del
conflicto y la confrontación. Por ejemplo, frente a los recortes de presupuesto en sanidad y educación, pediremos la abolición del ejército, las policías y prisiones. Frente a la disminución de derechos laborales,
exigiremos la igualación de salarios de todos los trabajadores, la reducción de la jornada laboral y la abolición de las horas extras. Frente a la domesticación de la lucha eliminaremos la influencia impuesta de los sindicatos de Estado. Frente a la jerarquización y la obediencia en el trabajo plantearemos asambleas de trabajadores que gestionen los centros. Frente a los costes, neguémonos a pagarlos y cobrarlos, imponiendo que sean gratuitos para todo el mundo. Opongámonos a los despidos, pero sin dejar de lado la crítica a la función negativa que hoy en día muchos trabajadores se ven obligados a realizar. Cuestionemos cada día la
función del servicio y si tiene sentido, apostemos por trabajos con verdadero interés social y desechemos lo inservible. Nuestro papel de usuario es exigir condiciones dignas del servicio, que nos permita acceder a él y garantizar que se cubren nuestras necesidades. Si para ello debemos crear asambleas de usuarios, hagámoslas, y que sirvan para apoyar a los trabajadores del sector en lucha, y si no los hay, para animarles a que las entablen. Debemos ser conscientes de que nuestro interés de usuario no está por encima
"proponer la revolución social contra todos los males del mundo peca a veces de simplista. El camino revolucionario debe marcarse en el día a día de la lucha con acciones concretas y objetivos cercanos de nuestro interés como trabajadores. Es más, debe ser el mismo, por lo que las luchas de unos y de otros deben complementarse. Por otra parte, concesiones del sistema que nos conviertan en sujetos pasivos y dependientes deben ser rechazadas. Nos referimos a ayudas de tipo paternalista como la renta básica y subsidios del estilo5. Por el contrario, debemos fomentar el reparto del trabajo para luchar contra la pobreza. Del mismo modo, debemos rechazar todo intento de canalizar nuestras reivindicaciones hacia la intervención de intermediarios, ya sean sindicatos, ONGs, u organismos oficiales de mediación.
Evidentemente, esto no puede ir separado de un movimiento obrero fuerte y combativo en los demás sectores de la población. Pero precisamente el sector público se caracteriza por ser utilizado por todo el mundo. De esta manera, si pretendemos unos servicios públicos de calidad, toda la población nos debemos
involucrar en la misma lucha y realizar los mismos procesos en nuestros puestos de trabajo, en el paro, en las escuelas, en los barrios y en los pueblos. De esta manera, podremos interconectar nuestras asambleas con las de los trabajadores del sector público, y transmitirles nuestra solidaridad, aportaciones, críticas u exigencias respecto a los servicios de los que formamos parte como usuarios.
Concluyendo
El camino para sumar fuerzas frente a las privatizaciones, los recortes y la situación laboral y social en general no es otro que la defensa sólida y constante de los principios anarquistas. El objetivo es crear una conciencia y una ética libertaria ligada a la clase proletaria. De esta manera, las luchas que vivamos no se
quedarán en estallidos puntuales de rabia o indignación, ni estarán condenadas a terminar fortaleciendo el sistema que tan alto gritamos que queremos derribar.
NOTAS:
1. Queremos hacer referencia a que la crisis, antes del bombo mediático, ya la sufríamos los trabajadores,
estudiantes y parados.
2. El hacer piña con grupos y organizaciones que no condenan el papel del Estado como gestor ineficaz e
indeseable de los servicios públicos nos condena a un papel contradictorio en el que salimos perdiendo. En ocasiones estos grupos se revisten de una supuesta radicalidad, sobretodo en las formas, lo que a veces causa nuestra simpatía o cierta complicidad. Sin embargo los contenidos que defienden se oponen frontalmente a las reivindicaciones libertarias. En este saco entrarían todas aquellas organizaciones que participan del Estado en elecciones políticas, sindicales o que de alguna manera son subvencionadas o cuentan con privilegios estatales.
3. En España, el Estado del Bienestar se implementa en los años 60 (Ley de Seguridad Social, año 66), pleno franquismo, y no fue el resultado de ninguna reivindicación obrera. Más bien fue un instrumento que
en aquel momento el Estado se podía permitir, con varios objetivos. El principal era contribuir al desarrollo
del capitalismo a través del fortalecimiento del mercado interno, lo que se traduce en la creación de una sociedad de trabajadores consumidores. Otro era tener a la masa contenta y con estómago lleno, en previsión de que se acrecentara la tensión social, quizás más vinculada en el momento a cuestiones de índole política y social, y no tanto económicas.
4. Vamos con un par de ejemplos:
“Palencia, CGT entra en la Plataforma por el Estado del Bienestar y en defensa de los servicios públicos”,
extraído de http://www.cgtcyl.org/spip.php?article2451.
“Una cierta socialización del Estado del Bienestar mediante las asambleas populares es parte de la
solución a la crisis”, entrevista a J.L Carretero, miembro del ICEA (Instituto de Ciencias Económicas y de la
Autogestión), extraído de htps://eldelirio.wordpress.com
5. Frente a este tipo de medidas, oponemos otras en las que los afectados sean considerados algo más que sujetos incapaces y dependientes. El reparto del trabajo mediante la reducción de la jornada o la lucha de
asambleas de parados para exigir contrataciones en aquellos lugares donde haya ganancias empresariales son dos ejemplo.
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